En los procedimientos de contratación pública, la confidencialidad de ciertos documentos constituye un aspecto esencial para proteger los intereses estratégicos de los licitadores, sin comprometer la transparencia inherente al proceso.
La Resolución N.º 194/2023 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid valida la confidencialidad del informe de viabilidad presentado por Limpiezas y Servicios Salamanca, S.A., destacando cómo esta medida se ajusta al marco normativo vigente.
El caso plantea interrogantes sobre cómo tratar la información considerada sensible y cómo las administraciones deben equilibrar los derechos de acceso del recurrente con la necesidad de proteger secretos comerciales y técnicos.
En el análisis que sigue, se exponen los fundamentos que justificaron esta decisión, poniendo en contexto su relevancia para futuros procesos de contratación.
Confidencialidad en la contratación pública
Base legal para la confidencialidad:
El artículo 133 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) permite declarar confidenciales aquellos documentos que contengan secretos técnicos o comerciales, siempre que dicha protección esté debidamente fundamentada. En este caso, el informe de viabilidad incluía datos clave sobre la gestión de personal, considerados estratégicos para la operativa de Limpiezas y Servicios Salamanca, S.A.
El Tribunal concluyó que la publicación de esta información podría comprometer la competitividad de la adjudicataria, ya que incluía detalles que representaban un conocimiento técnico y comercial exclusivo. La confidencialidad fue justificada al cumplir con los requisitos establecidos por la normativa y la doctrina, como lo señala la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) N.º 196/2016.
Naturaleza de la información protegida:
La información declarada confidencial abarcaba aspectos estratégicos de la gestión del personal, un componente esencial del contrato adjudicado. Según la doctrina administrativa, para que la información sea considerada confidencial debe:
- Tener valor estratégico, otorgando una ventaja competitiva al licitador.
- Ser reservada, es decir, no estar disponible públicamente.
- Implicar un perjuicio económico o comercial en caso de divulgación.
El Tribunal reconoció que los datos protegidos cumplían con estas condiciones, y por tanto, su confidencialidad estaba justificada.
Declaración de confidencialidad ajustada al procedimiento:
Aunque el artículo 133 de la LCSP establece que la confidencialidad debe ser declarada al presentar la oferta inicial, el Tribunal adoptó un enfoque flexible. La declaración se realizó al presentar documentación adicional requerida tras la calificación inicial de la oferta como anormalmente baja. Dado que esta documentación no formaba parte de los documentos inicialmente aportados, el Tribunal consideró razonable permitir su declaración como confidencial en esta etapa.
Este criterio refuerza el principio de proporcionalidad en la aplicación de la normativa, permitiendo ajustes razonables para proteger los intereses empresariales.
Equilibrio entre transparencia y protección:
El Tribunal destacó la importancia del derecho del recurrente a acceder a la información con la necesidad de proteger los secretos comerciales del adjudicatario. Citando la Resolución Nº 192/2022 del TACRC, el Tribunal subrayó que este equilibrio es fundamental para garantizar la legalidad de los procesos de contratación pública, preservando la confianza en el sistema.
Confidencialidad parcial y protección frente a perjuicios:
La confidencialidad se aplicó exclusivamente a los elementos del informe considerados sensibles. El Tribunal reiteró, siguiendo la Resolución N.º 1497/2022 del TACRC, que solo puede declararse confidencial la información verdaderamente estratégica y relevante para la competencia. Esta medida evita el uso excesivo de la confidencialidad y asegura que la protección otorgada sea proporcional y justificada.
Además, el Tribunal destacó que divulgar el informe habría expuesto elementos esenciales de la estrategia empresarial de Limpiezas y Servicios Salamanca, S.A., generando un perjuicio competitivo directo.
Como conclusión: El Tribunal no solo validó la confidencialidad del informe de viabilidad presentado, sino que también estableció criterios claros para futuras decisiones: la información protegida debe ser verdaderamente estratégica, cumplir con requisitos legales estrictos y su protección debe ser proporcionada y justificada. Además, esta resolución pone de relieve que la flexibilidad en la aplicación de la normativa puede ser una herramienta eficaz para salvaguardar intereses legítimos sin desvirtuar los procedimientos.
En un entorno donde la confianza y la competitividad son pilares fundamentales, esta resolución marca un camino hacia una contratación pública más justa, donde la innovación empresarial y la transparencia coexisten como ejes de desarrollo.
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Diana Gordo Cano
Directora General de LitiNet.com
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