En el contexto de un contrato de servicios financiado con fondos europeos, la autoridad nacional de control detectó una deficiente pista de auditoría en la adjudicación, pues no constaba adecuadamente acreditada la experiencia exigida al adjudicatario y asimismo un retraso de ocho días en la ejecución, respecto del cual el beneficiario no aplicó la penalidad contractual prevista. Como resultado, la autoridad nacional impuso dos correcciones financieras: una del 25 % por la deficiencia documental y otra equivalente a la penalidad no aplicada por el retraso.
El TJUE da respuesta a la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Varna (Bulgaria) concluyendo que:
La existencia de un incumplimiento de las condiciones de adjudicación o ejecución de un contrato financiado con fondos europeos (en este caso, la ejecución tardía de una prestación de servicios y la no aplicación de una cláusula penal en respuesta a ese retraso) no determina automáticamente la existencia de una irregularidad ni justifica automáticamente una corrección financiera, resultando necesario 1º) acreditar la existencia de un incumplimiento de contrato o normativa aplicable, 2º) que proceda de un acto u omisión del operador económico y 3º) que produzca o pueda producir un perjuicio al presupuesto de la Unión, resultando necesario, por tanto, analizar su incidencia real o potencial sobre dicho presupuesto.
Además, la corrección debe estar suficientemente motivada y ha de resultar proporcionada a la naturaleza, gravedad y repercusión financiera de la irregularidad, en base al principio de buena administración.
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Por otra parte, con relación a la exigencia de las penalidades previstas en el contrato, la Sentencia concluye que la Administración no está obligada, a efectos de fondos europeos, a imponer mecánicamente toda penalidad prevista en el contrato bajo amenaza automática de una corrección financiera. La falta de imposición de dichas penalidades puede constituir irregularidad, pero requiere analizar las circunstancias concretas, su relación con la buena gestión financiera, la posible alteración de las condiciones contractuales y su incidencia real o potencial sobre los fondos europeos.
Abundando en la irregularidad consistente en la no imposición de penalidades contractuales, el TJUE plantea incluso la necesidad de examinar si la decisión de no aplicar la penalidad supone una modificación de las condiciones iniciales del contrato, a la luz del art. 72 de la Directiva 2014/24/UE. Es decir, si mediante la tolerancia del incumplimiento se conceden al adjudicatario unas condiciones de ejecución más favorables que las inicialmente licitadas, podría existir una modificación contractual relevante concluyendo que habrá que valorar su entidad y su posible incidencia presupuestaria para entender que exista tal modificación, a efectos del presupuesto de la Unión.

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