En el contexto de la licitación de un «contrato de servicios de redacción de proyecto de obras, proyecto de ejecución, dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud y control de calidad de las obras de construcción del nuevo pabellón y ampliación del recinto FIRA de Barcelona Gran Vía», el Colegio de Arquitectos de Catalunya impugnó dichos pliegos por entender que el procedimiento elegido debía ser el concurso de proyectos y no el procedimiento abierto “primando los criterios de calidad que establece la Ley de Arquitectura de Cataluña, y que no es necesario que se acredite de forma real y efectiva el interés o ventaja que pueda reportar para los profesionales la eventual estimación del recurso, siendo suficiente que los derechos o intereses legítimos profesionales resulten afectados directa o indirectamente”.

El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, en este caso – y a pesar de su habitual defensa del principio de concurrencia- inadmitió dicho recurso especial en materia de contratación por falta de legitimación activa, por entender que aun cuando:

«resulta clara la relación del objeto del colegio profesional con el objeto del contrato licitado, ello no es suficiente a los efectos de considerar legitimada a la actora ya que es preciso, además, que el objeto del recurso incida en la esfera de los intereses profesionales de sus integrantes de forma real, efectiva y acreditada, sin que exista legitimación en los casos en lo que la impugnación se formule por simples razones de legalidad, oportunidad o conveniencia como el presente».

No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en STSJ CAT 1190/2024, de 26 de febrero de 2024, estima parcialmente el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por dicho Colegio entendiendo que sí concurría tal legitimación activa, ya que:

«no se puede negar ab initio legitimación a la actora para plantear la pretensión articulada que afecta a la colectividad de colegiados y a los intereses profesionales de los mismos, máxime cuando resolución de la litis exige interpretar los artículos 183.3 de la LCSP en relación con el 12.1. b) de la Ley 12/2017″.

Por lo demás, dicha sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo en cuanto al fondo, atendiendo a la específica regulación del art. 183.3 LCSP, sin que quepa apreciar que concurran la especial complejidad invocada para aplicar el concurso de proyectos.

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Diana Gordo Cano
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