Mejores prácticas en la contratación pública: lo que tu empresa debería saber.

Mejores prácticas en la contratación pública: lo que tu empresa debería saber.

La contratación pública es un proceso clave tanto para las entidades públicas como para las empresas que desean participar en licitaciones. No se trata solo de satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la Administración, sino de una oportunidad para que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (PYMES), crezcan y contribuyan a objetivos sociales y económicos más amplios. 

Mejores prácticas en la contratación pública

Algunas recomendaciones y buenas prácticas pueden ser las siguientes: 

A) Conocer la normativa y los objetivos de la contratación pública

Un conocimiento profundo de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) es indispensable. La normativa actual, alineada con las directivas europeas, busca incrementar la eficiencia del gasto público, mejorar la transparencia y facilitar la participación de las PYMES. Además, uno de los aspectos más importantes es que las ofertas deben evaluarse no solo basándonos en el precio, sino también en la mejor relación calidad-precio.

Es fundamental que las empresas entiendan que, para participar con éxito, no basta con ofrecer el precio más bajo, sino que deben demostrar una propuesta de valor que integre criterios cualitativos. Esto incluye la capacidad técnica, la experiencia del personal y consideraciones medioambientales y sociales.

Es crucial que las empresas entiendan que, para participar con éxito, no basta con ofrecer el precio más bajo, sino que deben demostrar una propuesta de valor que integre criterios cualitativos. Capacidad técnica, experiencia del personal,… Compartir en X

Clave: Formar equipos multidisciplinarios y contar con asesoría jurídica especializada para comprender los requisitos de las licitaciones y preparar ofertas competitivas.

B) Transparencia y ética empresarial

La transparencia y la ética son pilares fundamentales de la contratación pública. Las entidades públicas deben seguir procedimientos transparentes y las empresas deben evitar prácticas desleales como la colusión o el fraude, que pueden llevar a la exclusión de futuras licitaciones, la prohibición de contratar y a sanciones graves.

Aquellas empresas que mantengan una reputación de cumplimiento y honestidad tendrán más posibilidades de conseguir contratos públicos, ya que las entidades públicas buscan proveedores en los que puedan confiar, que aporten calidad al servicio, suministro u obra y sean eficaces en el cumplimiento del contrato.

Clave: Implementar políticas de cumplimiento normativo y ética empresarial que aseguren la integridad en todos los procesos de contratación.

C) Definir claramente los objetivos y criterios de valoración

Uno de los mayores desafíos en la contratación pública es la correcta identificación de necesidades por parte de la Administración y la definición de los criterios de valoración que se alineen con estos objetivos. Las consultas preliminares de mercado, son una herramienta clave para ayudar a los poderes adjudicadores a definir mejor sus necesidades con la ayuda de los proveedores.

Para las empresas, es esencial participar en estas consultas y estar preparadas para adaptarse a los criterios cualitativos y económicos establecidos en las licitaciones. En este sentido, no basta con presentar una oferta económica competitiva, sino que la empresa debe demostrar su capacidad técnica y su valor añadido en términos de calidad y cumplimiento de objetivos.

Clave: Participar activamente en las consultas de mercado y asegurarse de que la oferta técnica está alineada con los objetivos del contrato.

D) Adoptar criterios sociales y medioambientales

Las entidades públicas cada vez más valoran aspectos medioambientales y sociales en sus contrataciones. Esto incluye desde la huella de carbono hasta políticas de igualdad de género en las empresas. Además, la ley permite que estos criterios representen una parte significativa de la puntuación en las ofertas, especialmente en contratos de servicios.

Las empresas deben estar preparadas para cumplir con estos requisitos, ya que pueden marcar la diferencia en una licitación. No solo es una oportunidad para mostrar compromiso con el desarrollo sostenible, sino que también puede convertirse en un factor decisivo en la adjudicación del contrato.

Clave: Implementar políticas de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa que cumplan con los criterios exigidos por la LCSP.

E) Uso de tecnologías de la información en la contratación pública

La modernización de la contratación pública ha venido acompañada del impulso a la transformación digital. La LCSP y las leyes 39/2015 y 40/2015 promueven el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los procesos de contratación, con el objetivo de mejorar la transparencia y eficiencia.

Para las empresas, esto significa que deben estar preparadas para interactuar con plataformas digitales de contratación, presentar documentación de forma electrónica y, en muchos casos, ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras para cumplir con las expectativas de las entidades públicas.

Clave: Desarrollar capacidades internas para operar de manera eficiente en entornos digitales y aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías.

F) Seguimiento y control de proyectos

El Seguimiento de los proyectos adjudicados es fundamental para cumplir con los objetivos del contrato y mantener una relación positiva con las entidades públicas. La LCSP fomenta la transparencia, la rendición de cuentas y la igualdad en los procesos de contratación, pero también en la ejecución de los contratos.

Las empresas deben establecer mecanismos de control y seguimiento que les permitan cumplir con los hitos del contrato, gestionar los recursos de manera eficiente y, en caso necesario, hacer ajustes en la ejecución para alinearse con los objetivos de la entidad contratante.

Clave: Establecer un sistema de gestión de proyectos que permita un seguimiento continuo y que garantice el cumplimiento de los términos contractuales.

Si tienes alguna duda, puedes consultarnos

G) Innovación y flexibilidad

La contratación pública también es un espacio para la innovación. La LCSP introduce la compra pública de innovación (CPI) como una herramienta para que las administraciones públicas puedan adquirir soluciones innovadoras que no están disponibles en el mercado. Esta es una oportunidad clave para empresas que desarrollan tecnologías emergentes o soluciones disruptivas.

Las empresas deben estar preparadas para ofrecer propuestas innovadoras que aporten valor añadido a las entidades públicas, lo que les permitirá no solo diferenciarse de la competencia, sino también contribuir al avance tecnológico del sector público.

Clave: Aprovechar la compra pública de innovación para proponer soluciones que respondan a los retos del sector público.