Recientemente, el TACRC en su resolución 0121/2026 ha validado en este sentido.
Una empresa impugnó un contrato porque los salarios previstos para el personal estaban por debajo del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025.
El organismo se allana. El error técnico era claro: se habían utilizado tablas salariales de 2024 que fijaban sueldos de 16.071 euros, cuando el nuevo SMI ya exige un mínimo de 16.576 euros anuales.
Además, se habían olvidado de incluir complementos como el plus de transporte, lo que dejaba al futuro contratista en una situación de infraestimación de costes imposible de asumir.
La viabilidad económica de un contrato público es una garantía de legalidad.
El TACRC concluye que rectificar a tiempo para cumplir con la normativa laboral no solo es correcto, sino necesario para asegurar la igualdad y la calidad en la prestación de los servicios públicos.
¡La transparencia y el rigor en los presupuestos son la base de una contratación justa!
