Hablaremos esta semana de la resolución del contrato y el plazo de caducidad.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 422/2024, de 29 de enero de 2024 – ROJ: STS 422/2024 por fin da contestación a las dudas generadas sobre si el plazo de caducidad para el procedimiento de resolución contractual era de 3 meses o de 8 meses para la instrucción y resolución de estos expedientes.

El Auto de admisión plantea dos cuestiones diferentes: 

  1. la primera, consistente en determinar si a los efectos de la caducidad el procedimiento de resolución contractual tiene sustantividad propia, configurándose como autónomo e independiente del propio contrato administrativo;  
  2. la segunda, dando respuesta, consistente en establecer el plazo de caducidad aplicable al supuesto en cuestión.

En respuesta a la primera cuestión de interés casacional: el TS concluye que 

“los procedimientos de resolución contractual son procedimientos autónomos. Cuando las leyes aplicables no establezcan un plazo de caducidad específico para tramitar y resolver el procedimiento de resolución, resultará de aplicación supletoria la Ley 39/2015”.

Resolución del contrato y el plazo de caducidad

En respuesta a la segunda cuestión: el artículo 212.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del Sector Público, que establecía un plazo de caducidad de 8 meses para la instrucción y resolución de los expedientes de resolución contractual, fue declarado inconstitucional y expulsado del ordenamiento jurídico por STC 68/2021 de 18 de marzo, por entenderlo contrario al orden constitucional de competencias y se consideró no aplicable a los contratos suscritos por las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. Por tanto, siendo una entidad local el caso concreto, no será de aplicación el plazo de caducidad de 8 meses para la instrucción y resolución contractual.

Termina concluyendo que,

a falta de otra previsión legal específica, resulta de aplicación el plazo de tres meses previsto en el art. 21.3 de la Ley 39/2015”.

Esta conclusión ya se adelantó en la entrada del Blog del Despacho Javier Vázquez Matilla, donde se incluían los diversos pronunciamientos de Comissió Jurídica Assesora de la Generalitat de Catalunya, la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid o el Consejo Consultivo de Canarias que apostaban por el plazo de 8 meses, pero la línea a seguir según la STC 68/2021 era el plazo de 3 meses.

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