Esta semana analizaremos la Importancia de un Plan de igualdad inscrito en la Contratación Pública. Nos preguntaremos si resulta un requisito legal ineludible y daremos respuesta a esta duda.

En el ámbito de la contratación pública española, el compromiso con la igualdad de género se ha convertido en un pilar fundamental, no solo como una cuestión de ética empresarial, sino como un requisito legal explícito para aquellas empresas que aspiran a colaborar con la Administración Pública.

Conforme al artículo 71.1.d) de la Ley de Contratos del Sector Público, las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a disponer de un Plan de Igualdad. Este mandato legal subraya la necesidad de no solo elaborar dicho plan, sino de inscribirlo adecuadamente en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON), accesible a través de https://expinterweb.mites.gob.es/regcon/.

Plan de igualdad en Contratación Pública: Un requisito no meramente formal

La inscripción del Plan de Igualdad en el REGCON es un paso crucial. Sin esta inscripción, las empresas se arriesgan a que otros licitadores, usualmente el segundo clasificado, interpongan un recurso especial en materia de contratación. Este acto no es una mera formalidad; constituye un mecanismo de verificación legal de la existencia y compromiso efectivo con la igualdad de género.


Si no estáis inscritos es fácil que otros licitadores (normalmente el 2º clasificado) provoque un recurso especial frente a ello.

Consideramos que en caso de no estar inscrito hay justificaciones y documentos que pueden ayudarte a salir airoso de un recurso porque, básicamente, una cuestión son las implicaciones desde el punto de vista de la normativa de igualdad, donde la inscripción es evidentemente necesaria… De las implicaciones en contratación pública donde el concepto de CONTAR no lleva aparejada la inscripción.

El debate jurídico sobre el alcance de la inscripción

Aunque existen justificaciones y documentos que podrían respaldar a las empresas en caso de recurso, destacando que desde una perspectiva de normativa de igualdad la inscripción es claramente necesaria, la interpretación respecto a las implicaciones en la contratación pública es más matizada.

La mayoría de los tribunales han sostenido que disponer del Plan y ciertos documentos justificativos puede ser suficiente para evitar la exclusión de una licitación.

Sin embargo, no todos los tribunales mantienen una doctrina uniforme, y existen posturas contradictorias incluso dentro de un mismo tribunal.
Ejemplo de otra corriente más formalista y proclive a la exclusión si no hay exclusión son las resoluciones 45 y 46/2024 de 1 de febrero del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía

«Pues bien, como reiteradamente venimos señalando en nuestras resoluciones, la obligación de contar con un plan de igualdad a los efectos de no incurrir en prohibición de contratar pasa por que el citado plan se halle inscrito en el registro correspondiente (REGCON) a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas

(v.g. entre otras muchas en las Resoluciones 26/2023, de 27 de enero, 137/2023, de 3 de marzo, 160/2023, de 17 de marzo, 264/2023, de 12 de mayo, 303/2023, de 2 de junio, 349/2023, de 30 de junio, 443/2023, de 22 de septiembre, 452/2023, de 4 de octubre, 538/2023, de 27 de octubre y 557/2023, de 10 de noviembre).
(…)
Así pues, a la vista de la documentación analizada, no es posible admitir que la entidad ahora recurrente contara con un PI válido e inscrito en el REGCON (trámite necesario para verificar su legalidad) ni al tiempo de finalización del plazo de presentación de ofertas, ni a la fecha de los requerimientos de documentación previa a la adjudicación.

En consecuencia, el efecto excluyente de la licitación que suponía estar incurso en la prohibición de contratar al tiempo de finalización del plazo de presentación de ofertas no ha quedado desvirtuado por ninguna medida correctora posterior, pues durante la licitación y al tiempo de ser requerida la empresa en el trámite previo a la adjudicación tampoco ha demostrado estar ya en condiciones de contar con un PI válido e inscrito.

En definitiva, pues, la situación de prohibición de contratar existente al tiempo de la licitación sigue manteniéndose al tiempo de la adjudicación, siendo conforme a derecho la decisión de exclusión adoptada por la comisión de valoración y notificada a la entidad ahora recurrente como se ha expuesto anteriormente».

Conclusión Plan de Igualdad Inscrito en la Contratación Pública

La disparidad de las distintas resoluciones envía un mensaje contundente a todas las empresas que deseen participar en licitaciones públicas: la inscripción del Plan de Igualdad puede ser un requisito ineludible, aunque podamos tratar de defender otra postura debida a estar gran disparidad entre Tribunales.

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Diana Gordo Cano
Directora General de LitiNet.com

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