La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (OIReSCON) ha publicado tres nuevos Módulos que componen el Informe Anual de Supervisión (IAS) 2023. Es muy interesante, ya que supone un análisis de las tres fases esenciales de la contratación pública: preparación, licitación y ejecución del contrato. 

En este Post hemos resumido y añadido los beneficios que pueden suponer la adopción de estas recomendaciones, tanto para los gestores de contratación como para empresas y pymes licitadoras.

No solo es importante el porqué de este informe sino el para qué o la FINALIDAD, como motor de cambio y mejora de la contratación pública en la actualidad.

La transparencia y la participación en contratación pública

1º LA FASE PREPARATORIA DEL CONTRATO (MÓDULO VII)

Aborda la planificación contractual (art.28.4 LCSP), donde se ha detectado la falta de cumplimiento de esta obligación, en la que más de la mitad de las programaciones de la actividad contractual se publican tarde, donde falta la publicidad mediante el anuncio de información previa y el contenido de estas planificaciones no es homogéneo ni uniforme. Estos incumplimientos dificultan la detección e identificación para los posibles licitadores de la pretendida actividad contractual, por lo que constituye un obstáculo a la transparencia y publicidad, de manera que no se cumple con lo dispuesto en el art. 134 LCSP.

La única plataforma que ofrece esta información en formato abierto y reutilizable es la Plataforma de Cataluña.

Como recomendaciones, la OIRESCON propone: 

  • Que las plataformas de contratación revisasen la configuración que tienen de los mecanismos para dar publicidad a las programaciones de la actividad contractual, con el fin de ofrecer herramientas suficientes a los órganos de contratación y que esta información esté en formato abierto y reutilizable.

BENEFICIOS: Esto facilitará la identificación y detección de oportunidades para los posibles licitadores, mejorando la transparencia y cumpliendo con las disposiciones del artículo 134 de la LCSP.

  • Un contenido mínimo común respecto a los datos a incluir en la programación de la actividad contractual.

BENEFICIOS: Facilitará la comprensión y análisis de la información por parte de los licitadores, mejorando la preparación de ofertas y contribuyendo a la calidad global del proceso.

  • Podría considerarse la inclusión, siempre que fuese posible y se conociese, de aspectos o información que pudiera resultar de interés a los licitadores y contratistas, tales como habilitaciones exigidas, porcentaje de subcontratación que será admitido, etc. Ello permitiría que los operadores económicos pudieran prepararse mejor las ofertas, repercutiendo directamente en su calidad y contribuyendo a la consecución de las necesidades de los poderes públicos que, además, mejorarían su organización interna al conocer de antemano los gastos previstos, cargas de trabajo y gestión de recursos.
  • Publicación del seguimiento o evaluación de sus programaciones.

En este sentido, cabe señalar la importancia de la planificación de cara a los fondos Next Generation.

BENEFICIOS: Ayudará a los operadores económicos a preparar ofertas más informadas, mejorando la calidad de las propuestas y contribuyendo a la eficiencia en la ejecución de los contratos.

Participación en contratación pública. Consejos de OIRESCON

De este modo, la Estrategia Nacional de Contratación Pública (ENCP) contiene dos actuaciones concretas sobre programación, dirigidas a conseguir los objetivos estratégicos. Estas actuaciones son “Avanzar en la práctica de la programación de los contratos y su publicación en los términos del artículo 28.4 LCSP” y “Promover la publicación por los órganos de contratación de la programación de la contratación prevista, incluida la no sujeta a regulación armonizada”.

Por otra parte, en cuanto a las consultas preliminares del mercado (CPM), se ha detectado un volumen de incumplimiento (50,16%) en la emisión de informes de conclusiones o resultados de las CPM. En la mayoría de los casos, no se incorpora al expediente de contratación el informe de resultados. Sólo se ha podido constatar que la Plataforma de Cataluña es la única que permite vincular una CPM con el procedimiento de contratación posterior que, en su caso, tenga lugar.

BENEFICIOS: Establecer como requisito la inclusión del informe de conclusiones de la CPM en el expediente de contratación, garantiza la transparencia y permitirá a los licitadores acceder a la información relevante durante la presentación de ofertas.

2º LA FASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO (MÓDULO VIII)

Aborda la solvencia y clasificación, donde se extrae un menor número de licitadores participantes en comparación con el año pasado (descenso de la concurrencia). En cuanto a los criterios de adjudicación, los valorables mediante fórmulas tienen mucho mayor peso que los sometidos a juicio valor y se detecta un alto grado de incumplimiento en la obligación del desglose de costes en el Presupuesto Base de Licitación y en la justificación de la adecuación de precios al mercado.

Entre las recomendaciones, destaco las siguientes:

  • El refuerzo de la justificación de la forma de valoración de los criterios de adjudicación.

BENEFICIOS: Mejorará la comprensión por parte de los licitadores sobre cómo se evaluarán sus ofertas, promoviendo la presentación de propuestas más alineadas con las expectativas del órgano de contratación.

  • Los órganos de contratación deben estudiar y evaluar los costes que se derivan de las prestaciones incluidas en los contratos, adecuando a tal efecto la elaboración de los pliegos. Por ello debe huirse de alusiones formales o cláusulas de estilo. Sería recomendable fomentar una adecuada formación a los gestores en tal sentido.

BENEFICIOS: Garantizará una comprensión precisa de los costes asociados a las prestaciones, permitiendo a los licitadores formular ofertas más precisas y realistas.

  • Igualmente, sería conveniente abordar el desarrollo reglamentario de la LCSP, de tal modo que se regule una estructura de costes económicos que resulte adecuada a cada tipología de contrato. Ello generaría un mayor nivel de certidumbre en los licitadores a la hora de formular sus ofertas económicas posibilitando, además, una mejor aplicación de los principios de transparencia y de igualdad de trato de los licitadores en la contratación pública.

BENEFICIOS: Generará certidumbre entre los licitadores al proporcionar directrices claras sobre la estructura de costes, fomentando una mayor transparencia y igualdad de trato en la contratación pública.

En cuanto a las prohibiciones de contratar, no se tiene información sobre las causas de las prohibiciones para contratar en un 17,61% de los expedientes, la cesión ilegal y el impago de salarios o retrasos justificados representan un alto porcentaje en relación a las prohibiciones de contratación identificadas. 

Los operadores económicos no parecen hacer demasiado uso de las posibilidades legales de alegación durante el trámite de audiencia, acreditando los extremos requeridos en el apartado 5 del artículo 72 de la LCSP. 

En cuanto a los registros autonómicos, se detectan un número reducido de prohibiciones vigentes inscritas. De este modo, o bien los órganos de contratación en términos generales no adoptan medidas “disciplinarias” en los procedimientos o en la ejecución de los contratos o bien, adoptándolas, no dan lugar a los procedimientos correspondientes que conllevarían la imposición de prohibiciones para contratar, o, finalmente, si se imponen, no son trasladadas a los órganos correspondientes para su inscripción en el registro correspondiente.

Como recomendación, la OIRESCON propone: 

  • Que por parte de los órganos de contratación, se pusieran en marcha mecanismos para tratar de supervisar las principales causas de prohibición para contratar declaradas en su ámbito: cesión ilegal, impago de salarios o retrasos justificados, así como delitos contra la Seguridad Social.

BENEFICIOS: Garantizará un escrutinio continuo de las empresas contratistas, promoviendo la contratación responsable y protegiendo los derechos de los trabajadores.

  • Se recomienda ejecutar las acciones oportunas para que en el momento en el que se inscriba la prohibición para contratar se indique su causa, con las cautelas que sean necesarias respecto a la protección de datos y debida confidencialidad.

BENEFICIOS: Proporcionará transparencia sobre las razones detrás de las prohibiciones, permitiendo a los órganos de contratación y a los licitadores tomar decisiones informadas.

  • Es deseable la incorporación del enlace actualizado a ROLECE, a efectos de posibilitar la consulta de prohibiciones inscritas en el mismo en las páginas de las CCAA que no cuentan con esta posibilidad.

BENEFICIOS: Facilitará el acceso a información relevante sobre la idoneidad de los licitadores, promoviendo la transparencia y la igualdad de condiciones en el proceso de contratación.

3º. LA FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (MÓDULO IX)

Entre otras conclusiones, respecto de las modificaciones contractuales, el importante peso de las modificaciones no previstas en los pliegos que rigen la licitación de los contratos de obras modificados; y que en los contratos de servicios y de suministros con la figura de la prórroga contractual, se identifica cierta confusión entre la ampliación de plazo y la modificación contractual en lo que a la publicación de ambos trámites se refiere.

En relación con la subcontratación, se señala que la falta de información sobre el peso de la subcontratación en la contratación pública, ocasiona que no puedan analizarse los datos relativos a la subcontratación: tanto la subcontratación permitida como la finalmente realizada por el adjudicatario; y que tampoco puede medirse el peso que económicamente tiene la subcontratación respecto del total del gasto público en contratación (ni en términos de PBL, ni en precio de adjudicación), aspecto reseñable si se tiene en cuenta que la subcontratación puede afectar a la competencia y concurrencia en la contratación. Por último, se hace escaso uso de la posibilidad de realizar pagos directos a los subcontratistas de acuerdo con la DA 51ª de la LCSP.

Participación en contratación pública

Como recomendaciones a destacar:

  • Que las plataformas de contratación estuvieran configuradas para permitir reflejar el detalle de la información y justificación de la modificación contractual.

BENEFICIOS: Garantizará la transparencia en la gestión de los contratos, permitiendo un seguimiento claro y accesible de las modificaciones realizadas.

  • Se recomienda en el caso de las modificaciones no previstas, justificar lo indicado en el artículo 205 de la LCSP, destacando la causa que da lugar a la modificación.

BENEFICIOS: Proporcionará una base sólida para evaluar la necesidad y legitimidad de las modificaciones contractuales.

  • Necesaria especificación expresa, en los anuncios que correspondan, de la existencia o no de la subcontratación, y, en su caso, el porcentaje.

BENEFICIOS: Facilitará a los licitadores una comprensión clara de la estructura contractual y permitirá un análisis más informado al momento de presentar ofertas.

  • En los contratos de larga duración, pudiera ser recomendable que los pliegos regularan controles periódicos referidos a estos pagos a los subcontratistas, y, por otro lado, la imposición de penalidades ha de entenderse como medida coercitiva sobre el contratista a efectos del cumplimiento de sus obligaciones. 

BENEFICIOS: Asegurará una supervisión continua de los compromisos de pago a subcontratistas, mitigando posibles conflictos y en cuanto a las penalidades, reforzará su eficacia como herramienta para garantizar el cumplimiento contractual y promoverá un comportamiento responsable por parte de los contratistas.

Si quieres conocer el contenido completo de estos nuevos módulos de la OIRESCON, te dejo el enlace directo: 

Informe Anual de Supervisión 2023. Módulo VII. La fase preparatoria del contrato. (PDF, aprox. 1.674 KB) 

Informe Anual de Supervisión 2023. Módulo VIII. La fase de licitación del contrato. (PDF, aprox. 2.374 KB) 

Informe Anual de Supervisión 2023. Módulo IX. La fase de ejecución del contrato. (PDF, aprox. 1.678 KB) 

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Diana Gordo Cano
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